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CGR 78 Años de Historia en la Lucha Contra la Corrupción

La Contraloría General de República cumple 78 años ejerciendo y cumpliendo su tarea como Órgano Fiscalizador de la Administración Pública; con autonomía funcional, administrativa y organizativa. Este pertenece al Poder Ciudadano, el cual se ha encargado desde su fundación de velar por la transparente administración del Patrimonio Público del Estado venezolano.


Un Vistazo al Pasado


Se cuenta que una de las figuras más representativas del organismo de la época era un arca que contenía los bienes que se debía enviar a la Corona Española, llamada El Arca de Las Tres Llaves, la cual se remonta al 1529, cuando se crea la Real Hacienda de Venezuela.


Este mueble en forma de caja, cerrada para guardar o resguardar objetos de alto valor, requería de la apertura de tres cerraduras para ser abierto, cuyas llaves eran custodiadas por tres funcionarios que, en conjunto, abrían el cofre. En tal sentido, se sostiene que de esta historia se remonta el origen del particular símbolo de las tres llaves que actualmente identifica al organismo.


Pero no es hasta siglos después, en 1935, al inicio de la Presidencia del General Eleazar López Contreras, que surge un debate sobre la modernización del Estado. Es así como el 21 de febrero de 1936, López Contreras presenta los lineamientos que dieron base a la creación de la Contraloría General de la República.


En el año 1938 se creó la Contraloría General de la Nación por la ley Orgánica de la Hacienda Nacional. Con la reforma constitucional de 1947 adquirió rango constitucional y con la Constitución de 1961, pasó a denominarse Contraloría General de la República.


Actualmente está bajo la responsabilidad del Contralor General de la República, elegido por la Asamblea Nacional para un período de 7 años. El cargo de Contralor General de la República lo ejerce actualmente Manuel Enrique Galindo Ballesteros, período 2015-2022.


Desde la Contraloría del estado Vargas felicitamos a nuestro Órgano Rector al cumplir 78 años fortaleciendo la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, logrando la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público.


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