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Control Social y Rendición de Cuentas, Herramientas Anti Corrupción

La lucha contra la corrupción no solo consiste en la represión de aquellas conductas que dañan los intereses y recursos públicos, sino también, en la aplicación de políticas de transparencia y prevención que busquen principalmente el restablecimiento de los valores que privilegien el correcto y debido desempeño de funciones públicas y la protección de los bienes y patrimonio del estado venezolano.


La Contraloría del estado Vargas, promueve el Control Social y la rendición de cuentas en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción a escala regional, partiendo del fomento, la promoción, el asesoramiento y el apoyo a organizaciones sociales y comunitarias para que ejerzan su derecho al control social sobre las políticas, programas, proyectos que ejecuta el Estado y que resultan de interés colectivo.


La participación activa de las comunidades en el control social, ha generado en ellas confianza, cohesión, fortalecimiento personal e institucional y comunitario, reconocimiento local y posicionamiento como actores ciudadanos.


El avance y puesta en marcha de iniciativas por parte de la Contraloría del estado Vargas en materia anticorrupción, requiere un esfuerzo interinstitucional entre los organismos y entes públicos, asimismo integrar a la sociedad varguense para que la administración del Patrimonio Público se logre de manera transparente, a través del rescate de los valores familiares.


La organización de las Contralorías Sociales como modalidad de la Participación Ciudadana, refleja el derecho legítimo de los ciudadanos a exigir resultados concretos a sus gobernantes, como manifestación del rol protagónico de los ciudadanos en la lucha y el combate contra la corrupción.


Este Órgano de Control Fiscal Externo, motiva la participación ciudadana como un mecanismo eficiente de control, dándole formación y educación al ciudadano, a los fines de su participación directa, en las acciones de control y supervisión de los recursos a fin de garantizar una participación eficaz del ciudadano en los procesos de planificación, ejecución y control de las actividades que directamente le afectan.


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